Declaración ante la reciente sanción de la Ley Antiterrorista

El pasado 14 de octubre de 2011 fue enviado al Congreso de la nación por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que se hizo lugar en el recinto a fuerza de decreto, tratándose en sesiones extraordinarias. Luego de la media sanción en diputados, el 22/12 el proyecto finalmente fue sancionado al pasar por la Cámara de Senadores, dejando atrás la voz de organizaciones sociales y políticas que expresaron fuertemente su rechazo al mismo, y también varias sorpresas, al encontrar al otrora “progresismo” votando una de las leyes más regresivas de los últimos tiempos como apertura al nuevo mandato de Cristina.

Esta nueva ley implica una modificación a la anterior ley antiterroista aprobada en 2007 (durante la presidencia de Néstor K.) y en el Código Penal que establece para cualaquier tipo de delito el doble de penas en caso de que existiera, al incurrir en ellos, “la finalidad de aterrorizar a la población”. Pero, en este marco, nos preguntamos ¿acaso no podría “aterrorizar a la población” una movilización, huelga, ocupación de tierras, de la vía pública? ¿Cómo hemos llegado al punto de que una huelga, una medida de fuerza gremial esté en un espacio gris en el que pueda calificarse como “delito”? O peor aún, como terrorismo.

Esta ley castiga con penas altísimas a cualquier acto colectivo o también individual que bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigido a “obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a cualquier movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos.

Sostenemos que no estamos aquí ante un problema de “libre interpretación” de la letra escrita, o de buenas o malas intenciones al instrumentar la nueva ley, como políticos e intelectuales del régimen nos inducen a pensar. Esta ley no sale de un repollo ni se da en cualquier circunstancia. Por un lado, no podemos pasar por alto que, pese a la retórica de autonomía antiimperialista de este gobierno, esta ley es promovida por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha política y social. Por otro lado, sólo un ciego podría dejar de ver que en nuestro país esta persecusión y criminalización de la protesta viene recorriendo un camino ascendente, en el que el gobierno “no reprime” a las acciones colectivas que busca legitimar y contener, mientras que no duda en usar su policía, judicializar la protesta o hacer la vista gorda ante el nuevo mecanismo de tercerización de la represión con patotas, cuando la organización de laburantes, desocupadxs, estudiantes y pueblos originarios va entrando en un terreno más conflictivo. Esta ley no se da en cualquier contexto: en nuestro país son más de 5000 lxs luchadorxs con causas judiciales por organizarse, resistir y avanzar (algunos de ellxs, actualmente presxs); las últimas experiencias de lucha también dejaron dolorosas, y cada vez más, muertes de compañerxs en su haber; y finalmente, han aumentado los delitos imputados a quien participamos de estas protestas.

Ante la ambigüedad de las leyes, los dichos y las intenciones, el movimiento de los conflictos que ha venido llevando adelante el pueblo trabajador no deja lugar a dudas en torno a quiénes se dirige esta nueva ley y contra quiénes será aplicada: tal como viene desarrollándose la política represiva hoy, el blanco seremos lxs de abajo y nuestras luchas, y ahora con un instrumento que da vía libre para sancionar y penar al Poder Judicial, uno de los nichos más conservadores y retrógrados de la política argentina.

 

Esta legislación expresa la búsqueda de continuar legitimando el poder de reprimir, de dividir, de contener y suprimir las luchas, al hacerlo legal y al categorizar las acciones de resistencia y de lucha por una nueva sociedad como “terror”.

 

Como organizaciones del campo popular, no podemos contemplar un avance en este sentido: exigimos el veto inmediato de esta nueva ley.

Porque sin el derecho a disentir, expresarnos, organizarnos y luchar… no hay posibilidad de justicia ni de igualdad.

 

 

Convocamos a las 17:00 hs. a encontrarnos en Plaza Lorea

 –Av. De Mayo  y Luis Sáenz Peña-

Para marchar hacia Plaza de Mayo.

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