Exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista.

A fines del año pasado fue enviado al Congreso de la nación por la

presidenta Cristina Fernández de Kirchner un nuevo proyecto de ley

“antiterrorista”, que se hizo lugar en el recinto a fuerza de decreto,

tratándose en sesiones extraordinarias. Luego de la media sanción en

diputados, el 22/12 el proyecto finalmente fue sancionado al pasar por la

Cámara de Senadores, dejando atrás la voz de organizaciones sociales y

políticas que expresaron fuertemente su rechazo al mismo, y también varias

sorpresas, al encontrar al otrora “progresismo” votando una de las leyes

más regresivas de los últimos tiempos como apertura al nuevo mandato de

Cristina.

 

Esta nueva ley implica una modificación a la anterior ley antiterrorista

aprobada en 2007 (durante la presidencia de Néstor K.) y en el Código Penal

que establece para cualquier tipo de delito el doble de penas en caso de

que existiera, al incurrir en ellos, “la finalidad de aterrorizar a la

población”. Pero, en este marco, nos preguntamos ¿acaso no podría

“aterrorizar a la población” una movilización, huelga, ocupación de

tierras, de la vía pública? ¿Cómo hemos llegado al punto de que una huelga,

una medida de fuerza gremial esté en un espacio gris en el que pueda

calificarse como “delito”? O peor aún, como terrorismo.

 

Esta ley castiga con penas altísimas a cualquier acto colectivo o también

individual que bajo la decisión arbitraria de un juez esté dirigido a

“obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o

agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse

de hacerlo”. Es decir, que transforma en “terrorista” a cualquier

movimiento de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios, derechos

humanos, vecino o ciudadano que intente reclamar por sus derechos.

 

Sostenemos que no estamos aquí ante un problema de “libre interpretación”

de la letra escrita, o de buenas o malas intenciones al instrumentar la

nueva ley, como políticos e intelectuales del régimen nos inducen a pensar.

Esta ley no sale de un repollo ni se da en cualquier circunstancia. Por un

lado, no podemos pasar por alto que, pese a la retórica de autonomía

antiimperialista de este gobierno, esta ley es promovida por el

Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción

Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de

Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y

criminalización de la lucha política y social. Por otro lado, sólo un ciego

podría dejar de ver que en nuestro país esta persecución y criminalización

de la protesta viene recorriendo un camino ascendente, en el que el

gobierno “no reprime” a las acciones colectivas que busca legitimar y

contener, mientras que no duda en usar su policía, judicializar la protesta

o hacer la vista gorda ante el nuevo mecanismo de tercerización de la

represión con patotas, cuando la organización de laburantes, desocupadxs,

estudiantes y pueblos originarios va entrando en un terreno más

conflictivo. Esta ley no se da en cualquier contexto: en nuestro país son

más de 5000 lxs luchadorxs con causas judiciales por organizarse, resistir

y avanzar (algunos de ellxs, actualmente presxs); las últimas experiencias

de lucha también dejaron dolorosas, y cada vez más, muertes de compañerxs

en su haber; y finalmente, han aumentado los delitos imputados a quien

participamos de estas protestas.

 

Justamente en las últimas semanas se han llevado a cabo varias represiones

contra los pueblos de Catamarca, La Rioja y Tucumán que se han levantado

contra un modelo extractivista que busca la depredación ambiental y el

saqueo de los recursos naturales. Frente a las luchas contra el avance de

la megaminería, la  respuesta de los gobiernos cómplices de las

multinacionales ha sido la represión, la que dejó un saldo de varios

heridos y detenidos, posibles de ser acusados de conspiración mediante la

Ley Antiterrorista.

 

Ante la ambigüedad de las leyes, los dichos y las intenciones, el

movimiento de los conflictos que ha venido llevando adelante el pueblo

trabajador no deja lugar a dudas en torno a quiénes se dirige esta nueva

ley y contra quiénes será aplicada: tal como viene desarrollándose la

política represiva hoy, el blanco seremos lxs de abajo y nuestras luchas, y

ahora con un instrumento que da vía libre para sancionar y penar al Poder

Judicial, uno de los nichos más conservadores y retrógrados de la política

argentina.

 

Esta legislación expresa la búsqueda de continuar legitimando el poder de

reprimir, de dividir, de contener y suprimir las luchas, al hacerlo legal y

al categorizar las acciones de resistencia y de lucha por una nueva

sociedad como “terror”.

 

Como organizaciones del campo popular, no podemos contemplar un avance en

este sentido: exigimos la derogación inmediata de esta nueva ley.

 

Porque sin el derecho a disentir, expresarnos, organizarnos y luchar… no

 hay posibilidad de justicia ni de igualdad.

 

 Convocamos a las 17:00 hs. a encontrarnos en Av. de Mayo y 9 de Julio para

 marchar hacia Congreso.

 

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