El petróleo en la encrucijada de la soberanía

El día Lunes, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba por cadena nacional la expropiación del 51% de Repsol-YPF, una de las empresas transnacionales más grandes del mundo. A partir de este anuncio, una ley está siendo enviada al Congreso de la Nación con el objeto de establecer la compra de más de la mitad del paquete accionario de la empresa, a un precio a establecer por una comisión del Gobierno (el Tribunal de Tasaciones). A su vez, la presidente intervino por decreto a YPF S.A., nombrando a Julio De Vido y Axel Kicillof como interventores.
La iniciativa del kirchnerismo constituye un quiebre con lo que fue la privatización más traumática y humillante que sufriera la clase trabajadora argentina. La maquinaria y tecnología de YPF fueron destruidas o malvendidas en los últimos 20 años, gran parte de sus técnicos expulsados de aquella gran YPF nacional que fue prácticamente regalada al sector privado por una suma ridícula. La nueva medida del gobierno pretende concentrar en el Estado el control de un recurso estratégico para el país. Esto le otorgará al Ejecutivo la posibilidad, que está por verse se realice, de encarar un plan de inversión que revierta las décadas de saqueo que este mismo gobierno kirchnerista no ha sino garantizado y profundizado hasta el presente en detrimento de la soberanía nacional que ahora dice salir a defender.
Por la importancia estratégica que tiene el petróleo como recurso natural, la venta forzosa de dicha empresa implica un claro enfrentamiento del Gobierno con un sector del capital internacional. Hemos escuchado las reacciones en las declaraciones imperialistas del gobierno español, las amenazas del sector privado, los discursos de los medios hegemónicos españoles, las palabras neoliberales de Macri. Todos estos pronunciamientos del imperialismo deben ser rechazados por quienes militamos desde abajo y a la izquierda. Es nuestra responsabilidad marcar el cinismo del discurso de las principales potencias económicas, que mientras se ocupan de defender las ganancias de “sus” capitales aduciendo cuidar los intereses de sus naciones, avanzan en la implementación de ajuste y represión a su propio pueblo.
Con el caso de YPF- Repsol quedó claro que las empresas transnacionales no invierten en función de las necesidades de la Argentina en general, y mucho menos de la clase trabajadora del país. Sin embargo tampoco hay que perder de vista que la “burguesía nacional” que el Gobierno intenta crear, con su modelo de “capitalismo de amigos”, no es solución frente al capital extranjero. No debemos olvidar que el Grupo Petersen (Ezquenazi) no hizo sino acoplarse a la misma lógica productiva de Repsol desde su fraudulento ingreso (sin poner un solo peso, de la mano de los Kirchner) en el marco de la compaña electoral del año 2007.

Los problemas de la medida y la memoria petrolera
Es claro que el aumento de la soberanía nacional mediante la propiedad estatal de los recursos no renovables es una medida progresiva para el pueblo argentino. Sin embargo, la perspectiva de pago de una indemnización por parte del Gobierno debe denunciarse ni bien se evalúa la privatización fraudulenta, la falta de inversión y el giro de divisas al exterior por parte de las empresas que deshuesaron la nacional YPF, que saquearon al pueblo argentino, y que hoy pretenden desfachatadamente que se las compense. En este sentido, no hay que dejar de tener en cuenta que, según la Ley de Expropiación 21.499, la indemnización comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Según los cálculos de algunos periodistas esta suma podría ascender a los 10.400 millones de dólares. El dinero que desembolsará el Estado no tendrá otra fuente que los fondos de la ANSES o las reservas del Banco Central argentino. Debemos estar alertas y enfrentarnos a la posibilidad de otra estafa materializada a través de la inminente recompra de la compañía con fondos públicos a precios altos y haciéndose cargo de una gran carga de deuda privada. Esta situación podría dejar al Estado con pocos fondos y escasas posibilidades de realizar un plan de inversión que pueda rearmar al país frente a la siempre latente crisis energética, desvirtuando la razón por la cual se estaría recuperando el control de YPF.
También es necesario remarcar lo paradójica de esta medida si se tiene en cuenta el pasado de los Kirchner en Santa Cruz. Mediante una mínima búsqueda de archivo, es posible encontrar calurosos discursos de Néstor Kirchner saludando la visita de Carlos Menem a la Patagonia, mientras se impulsaba en su provincia la concesión a las petroleras extranjeras del suelo argentino. Es a partir de estas enormes ventajas otorgadas durante los ´90, y continuadas durante 9 años de gobiernos kirchneristas, que Repsol pudo, sólo en dos años, girar casi 14 mil millones de dólares en utilidades, en un proceso de desinversión de los pozos petroleros del país, distribuyendo el 90 % de esas ganancias. No olvidamos que los impulsores de la privatización de YPF ahora son quienes hacen bandera de su estatización parcial. Tampoco olvidamos que es el Gobierno quien ha permitido el vaciamiento de YPF, a manos de Repsol y el Grupo Petersen (Ezquenazi).

La cuestión ambiental
Con la puesta en agenda de la problemática de los recursos naturales, es buen momento para instalar una agenda americana energética. Un proyecto que se aleje de planes faraónicos como el gasoducto del Amazonas y que en cambio encare la búsqueda de una seria integración basada en intercambios menos dañinos para las balanzas comerciales, y que busquen economías de escala en la investigación conjunta sobre nuevas tecnologías y una soberanía energética que cuide nuestro medioambiente.
En este sentido es necesario señalar que gran parte de los yacimientos gasíferos que la nueva YPF podría explotar es de tipo “no convencional” (art.3 de la nueva normativa), lo cual implica un tipo de tecnología de extracción costosísima económicamente y altamente dañina para el ecosistema. Un nuevo modelo de sustentabilidad económica no puede desatender la sustentabilidad de la vida, del medio ambiente. La política del sector no debe ser únicamente “petrolera” o “gasífera”, sino contemplar la urgente necesidad de reformular la matriz energética del país. Es imperiosa la necesidad de incorporar otras formas de generar energía, renovables y con menor impacto ambiental, aprovechando la renta petrolera para la investigación. El desinterés de Repsol hacia la sustentabilidad de YPF como empresa también se manifestó en su desinterés por las cuestiones ambientales implicadas en la producción petrolera. Conociendo el conflicto con la megaminería y la posición mercantilista del gobierno a tal respecto, es de temer que la nueva administración tampoco velará por el cuidado ambiental de las zonas donde se realizan las exploraciones, sea en la Patagonia, en las yungas salteñas, en el mar. Sin prejuicio, pero sobre todo sin ingenuidad, debemos estar organizados para enfrentar futuros conflictos socio-ambientales que puedan producirse.

La encrucijada de la soberanía
La medida que impulsa el gobierno tampoco se enmarca en un modelo económico industrializador. En cambio, se da en el marco de la profundización actual del modelo económico extractivista en Argentina, que nos aleja de cualquier fantasía de un avance serio hacia la deseada “soberanía nacional”. Mientras algunos indicadores muestran que la tasa de reinversión de la industria nacional bajó, el déficit comercial de la industria sigue empeorando, hasta llegar a los 20.000 millones de dólares el año pasado.
El capitalismo argentino no se puede sanar con ningún tipo de capitalismo “serio”, basado en la propiedad estatal de las grandes empresas. Sin embargo, la centralización en el Estado del capital concentrado puede generar mejores condiciones para la lucha por el efectivo control de los trabajadores. A su vez, la mejora en la soberanía nacional que significa la expropiación de los recursos naturales de las manos extranjeras es valiosa, aunque existan problemas en cómo se realizará dicha transacción.
La encrucijada de la soberanía nacional no debe apartarnos de nuestro horizonte socialista, y para ello debemos exigir en principio el 100% de estatización frente al mantenimiento de la participación del estafador grupo Petersen y la participación privada en la bolsa, pues así se mantiene la injerencia privada en la producción local de bienes de importancia estratégica. En esta compleja encrucijada no debemos olvidar que no hay verdadera soberanía hasta que ella sea encarnada por aquellos y aquellas que vivimos de nuestro trabajo frente a los que viven de su explotación. Sólo una alternativa de las y los de abajo podrá llevarnos al cambio social de raíz que buscamos.

Corriente de Organizaciones de Base COB-La Brecha

(Frente de Organizaciones en Lucha – FOL (Bs. As., Capital Federal, Jujuy), Movimiento Cultural Hagamos Lo Imposible (HLI. Bs. As.), CAUCE – UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación), CAUCE – UNLP (Corriente de Agrupaciones Universitarias Contra la Explotación),  Colectivo de Abogados Populares La Ciega (La Plata), El Galpón de Tolosa (La Plata) Organización Popular, Rebelde Villa Hidalgo (Bs. As.), EPE (UNLa). Neuquén: Frente por la Resistencia (FxR); Agrupación Universitaria La Cárcava; Cooperativa de Trabajo Cae Babylon; Sin Cautivas Feministas por la Resistencia)

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