Con la lucha feminista y popular conseguimos la libertad de Belén

Tras 26 meses de encierro, en las próximas horas Belén recuperará su libertad. Esa libertad arrebatada por la justicia machista y patriarcal que la puso en una celda del Penal de Santa Ester, Tucumán, acusada de “homicidio agravado por el vínculo” tras tener un aborto espontáneo en un hospital público de San Miguel de Tucumán. El proceso penal fue muy irregular, con falta de pruebas, una escena del “crimen” que no fue documentada, un feto que fue extraviado, violación del secreto profesional, torturas y la aplicación de prejuicios estereotipados esgrimidos por el Poder Judicial.

El viernes 12 de agosto fuimos miles lxs que copamos las calles exigiendo la libertad de Belén a lo largo y a lo ancho del país. Sólo así, fruto de la lucha popular y feminista, puede entenderse la reciente resolución de la Corte Suprema tucumana, que anuló la prórroga de prisión preventiva decidida por los tres jueces de la Cámara Penal N° 3 en la sentencia del 19 de abril de este año, en la que fue condenada a 8 años de cárcel.

La liberación de Belén es un paso fundamental, pero no el definitivo. El fallo sigue en revisión, por lo que aún falta su anulación para terminar con la persecución de la justicia machista y patriarcal sobre Belén. Pero su caso no es el único, sino acaso el más simbólico del momento.

En nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal, excepto si se realiza para evitar un peligro para la vida de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. Pero además del marco legal que lo criminaliza, el aborto es algo socialmente condenado, lo que permite explicar por qué se llegó a una sentencia que, guiada por prejuicios, concluyó que Belén había inducido un aborto, a pesar de lo que había diagnosticado la guardia, y que no era necesaria más explicación para meterla en la cárcel por 8 años. También permite explicar por qué el hospital no respetó ni llevó adelante los procedimientos legales para un caso de aborto. Juntos, el Poder Judicial, la Policía y, en este caso, el hospital, conformaron una alianza que reproduce una mirada prejuiciosa y ausente de una perspectiva de género, con terribles consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, de las que el caso de Belén es una muestra.

Las mujeres jóvenes y pobres somos quienes más padecemos los embates de un sistema judicial y de salud machista y patriarcal. No poder acceder a una defensa legal que no diera por hecho de que era culpable, y no contar con recursos materiales y simbólicos para defendernos de los embates del sistema judicial son consecuencias de un sistema que no sólo es machista y patriarcal, sino que también tiene un contenido de clase que se aplica aún más desigualmente a las mujeres pobres. Precisamente, somos las mujeres jóvenes y pobres quienes padecemos los mayores riesgos de llevar adelante un aborto clandestino. En Argentina se realizan entre 460 y 600 mil abortos clandestinos anuales, y se registra un promedio de 100 muertes anuales debido a las condiciones de ilegalidad y precariedad en las cuales se practica. El caso de Belén no sólo pone sobre la mesa el funcionamiento del sistema de Salud y de Justicia, sino que actualiza la necesidad de avanzar como sociedad en la discusión acerca de la legalización del aborto, que es el escenario de fondo en el que se asienta toda esta historia de injusticia y arbitrariedad.

 

¡Anulación de la condena a Belén!

¡Basta de justicia machista y patriarcal!

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir

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