No a la baja de la edad de imputabilidad: la política de castigo sobre la niñez y la adolescencia

En el transcurso de esta semana tomó centralidad, una vez más, el debate por el límite de edad de inimputabilidad en el caso de delitos donde estén involucrados niñxs y adolescentes. En esta ocasión, la muerte de Brian, un joven de 14 años del barrio de Flores, avivó los discursos del miedo y las campañas para dar respuesta contra la “inseguridad” impulsados por los sectores políticos más conservadores, siempre atentos a cualquier intento por ampliar el poder punitivo del Estado. En un contexto de mayor ajuste, desocupación y el recorte de gastos en áreas ministeriales estratégicas tales como educación, salud y vivienda, así como también la ausencia de políticas públicas y presupuesto que involucren la protección de los derechos de niños y adolescentes.

La respuesta de los sectores de poder no se hizo esperar: de ello da cuenta la catarata  mediática que salió a justificar la baja de la edad de 16 a 14 años, lo que deja expuesta una política de mayor endurecimiento represivo.

A eso se suman los anuncios del gobierno para conformar una comisión legislativa que trate el tema de una reforma legal del sistema de responsabilidad penal juvenil para este año, dejando en evidencia el uso claramente electoralista de Cambiemos. De esta forma, ante la opinión pública instala el tema en agenda pero no cuenta con un proyecto propio, y lo más cercano es una propuesta elaborada por Patricia Bullrich en el año 2014, un proyecto de claro tinte conservador y regresivo en materia de derechos humanos.

Hay que tener en cuenta que desde el año 2008 hasta hoy se presentaron proyectos sobre el tema más de 30 veces en el Congreso, al menos una decena de ellos durante el último año. Algunos de los proyectos que estuvieron en danza provienen de los bloques de Urtubey, Pino Solanas, Donda, Olmedo, Carrió y del FPV. En ellos no se observan diferencias sustanciales, ya que plantean un régimen especial para menores con centros especializados integrado por equipos terapéuticos. Ahora bien, lo que no discuten ni dicen es con qué recursos van a contar ni de donde se van a sacar los fondos para poner estos centros en marcha. Más aún cuando la política pública sufrió en el último año un recorte de gastos exorbitante en áreas sociales estratégicas y diariamente sale a la luz el desarme de los equipos interdisciplinarios que otrora funcionaba en cabeza de secretarías del Estado. Así parece demencial pensar la sanción de una ley de reforma del sistema de responsabilidad juvenil que pueda contar con presupuesto propio para esos equipos.

Por otra parte, las posturas del arco progre que salieron a abonar a la discusión del régimen penal de menores en su gran mayoría no apuntan a analizar las causas estructurales del problema. Por el contrario, lo naturalizan y refuerzan el discurso estigmatizante del delincuente juvenil, sólo que con más psicólogoxs y menos candados. Tampoco se molestan en discutir el rol de las fuerzas de seguridad en los barrios, ni las políticas de saturación policial que viene llevando adelante Cambiemos desde 2016.

Es claro que estas medidas apuntan a reforzar el rol represivo y de clase del Estado, como prueban los informes de violencia institucional en el año 2016, el Estado argentino fue responsable de la muerte de una persona cada 25 horas por el accionar de las fuerzas de seguridad, y de las cuales casi la mitad son víctimas de gatillo fácil, y el 39% ocurrieron en lugares de detención en manos del Estado (CORREPI, Informe de la situación represiva nacional).

En 2005 se sancionó la Ley Nacional 26061 (de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) así como la ley provincial 13.298, mediante las cuales se produjo un cambio de paradigma en materia de políticas y nuestro país se propuso una revisión completa de toda normativa que involucre a la niñez. Entre ellas se pone en jaque el sistema de Patronato, que regía hasta ese momento, cuya única respuesta era la intervención estatal mediante la judicialización y la internación de niñxs como “medida de resguardo”. La modalidad predominante era el encierro en los llamados institutos de menores.

La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil establece principios, derechos especiales y todo un procedimiento con características propias, pero dado su carácter subsidiario, de poco sirven los avances si el sistema entero no funciona correctamente.

Lxs operadorxs judiciales se encuentran con un sistema penal en el que se genera un cúmulo de condenas superior al sistema anterior, donde las mismas no se daban en lo formal pero sí en los hechos. Antes los Jueces tomaban medidas de carácter asistencial que terminaban en la privación de la libertad de lxs niñxs y jóvenes en los institutos. Ahora se somete a la persona a un debido proceso, pero nos encontramos con muchxs jóvenes y niñxs que luego de pasar por este sistema quedan condenadxs y entonces ingresan luego de los 18 años a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo cual es abiertamente contradictorio con cualquier intención de promover y proteger derechos de lxs jóvenes. (Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega, Hecha la Ley. Legislaciones kirchneristas. Apuntes críticos para la reflexión)

El hecho que la discusión sobre la niñez tome estado público en los medios masivos de comunicación cada tanto, cuando se da a conocer algún hecho delictivo “paradigmático” o grave, y que esa discusión solo se de en términos de la dicotomía entre sí o no a la baja de edad de punibilidad, da cuenta de las falencias que en la práctica tiene el sistema. Aún cuando se calcula que el porcentaje total de causas penales del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires es solo de 4,2% en relación al total de causas penales iniciadas en el término de un año (números más, números menos), el debate público continúa encerrado en estos términos.

NO A LA BAJA DE LA EDAD IMPUTABILIDAD

  • Rechazamos los proyectos de ley que pretenden bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
  • Más presupuesto para educación, salud y vivienda.
  • Políticas públicas especificas para la protección de los derechos de niñxs y adolescentes.
  • Ningún pibx nace chorro!

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