La Justicia y el Gobierno Niegan el Derecho a la Vivienda Digna

Amparo Lujan Rechazado

LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO NIEGAN A MÁS DE 560 FAMILIAS DE PILAR SU DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

El lunes que pasó nos dejó un sabor amargo a quienes damos pelea por el acceso a la vivienda digna para todos aquellos sectores que luchan a diario por tierra para vivir y trabajar.
Alejandro Diego Flori, Juez a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de San Isidro con asiento en Pilar, declaró inadmisible la acción de amparo colectivo que presentamos desde La Ciega contra la Municipalidad de Pilar y la Provincia de Buenos Aires, acompañando el reclamo de más de 560 familias de Pilar, que desde la última inundación del 3 de agosto esperan respuestas concretas de parte del Estado.

Ese día, estas familias tuvieron que abandonar el terreno municipal del barrio “Las Lomitas” en el que se encontraban asentadas, un lugar que desde el 2007 comenzó a tener problemas cada vez que llovía, y que a partir de la construcción de barrios privados en terrenos lindantes y humedales cercanos, comenzó a inundarse gravemente. Cada vez que llueve fuerte se desborda el Río Lujan, cuyas aguas -antes contenidas por los humedales y espacios libres aledaños-, ahora se ven obstruidas por los barrios privados, regresando al terreno del barrio “Las Lomitas” que queda cubierto de agua. En cada una de estas ocasiones, las familias son evacuadas a un centro de refugiados para luego volver al barrio a levantar sus hogares en medio del barro, la suciedad y la contaminación. Cansadas de esta situación, el último 3 de agosto las familias abandonaron nuevamente el barrio, pero esta vez se organizaron y decidieron movilizarse el 10 de agosto hacia “Barrio Nuevo”, un predio desocupado también perteneciente al Municipio, que no resulta inundable. Si bien allí desde hace 18 años no hay una ocupación efectiva, la respuesta del gobierno fue el inicio de una causa penal, en cuyo marco Nicolás Ceballos -Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro-, ordenó el desalojo del predio en 2 oportunidades.

A raíz de esta situación, el 28 de agosto presentamos desde La Ciega un amparo colectivo para que el intendente Humberto Zúccaro y el gobernador Daniel Scioli garanticen el acceso a la vivienda digna de estas familias, y pedimos también una medida cautelar para que se ordene al Estado que en forma provisoria destine el predio ubicado en el “Barrio Nuevo” para uso y vivienda de las familias afectadas.

Ambos pedidos fueron rechazados de manera tajante, con argumentos formales y sin disponer ni una sola medida asistencial, cuando restaban un sinnúmero de opciones alternativas, por lo que al abandono y desinterés de parte del gobierno, se sumó la complicidad de la Justicia que -una vez más-, demostró su falta de voluntad por involucrarse en las problemáticas sociales, apañando la desidia del gobierno, desconociendo el reconocimiento de derechos humanos, y librando al azar la suerte de miles de personas que hoy siguen sin un techo para vivir.

Hacemos responsables al intendente Zúccaro y al gobernador Scioli, como así también a los jueces Ceballos y Flori, de la situación actual y futura de las más de 560 familias -entre ellas más de 560 niñas y niños-.

¡Exigimos al gobierno una solución definitiva al problema de vivienda de las familias afectadas!
¡Basta de barrios privados en humedales que inundan nuestros hogares!
¡Basta de reprimir a lxs que luchan!
¡Tierra para vivir y trabajar!

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